El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Montaverner
ha alertado de las irregularidades existentes en la contratación de un servicio
de abogados por parte del Ayuntamiento, aprobada esta semana en el pleno con
los votos del Partido Popular.
Los socialistas señalan que el pliego de
cláusulas administrativas particulares para la contratación del servicio de
defensa judicial del Ayuntamiento de Montaverner por procedimiento negociado
sin publicidad “vulnera la legalidad vigente”, dado que “no se puede pretender
aprobar un pliego de cláusulas para adjudicar un servicio sobrepasando los
máximos legales ya que aunque fija el precio en el tope legal, se contempla que
solo podrán participar los que sean invitados a este concurso, lo que es
manifiestamente ilegal”.
Desde el PSPV-PSOE explican que asimismo el contrato prevé que podrá ser modificado durante su vigencia
y prorrogarse por un máximo de cuatro años, por lo que el precio del mismo se
podría incrementar en más de 150.000 euros, llegando a una cantidad que no se
puede sacar a concurso sin publicidad. El grupo socialista considera “que no es
el momento de tirar el dinero en contratos que solo van a pagar favores de
amigos. El precio de este contrato es desorbitado y su necesidad se genera por
la actitud de la actual alcaldesa de pleitear con quien no le sea sumiso a su
voluntad, despreciando todas las posibilidades de dedicar su tiempo, pagados
por todos los ciudadanos, a solventar las cuestiones que se plantean, en lugar
de tratar de amedrentar a todo el mundo con pleitos”.
Los socialistas
denuncia que el contrato que quiere hacer la alcaldesa “se llevará todos los
recursos que se generen por la continua subida de impuestos que están sufriendo
los vecinos del municipio por parte del gobierno del PP, que ha recortado
ayudas a las asociaciones cívicas, deportivas, culturales, a los estudiantes, despedido
empleados municipales o recortándoles la jornada, todo ello según dice la
alcaldesa por falta de recursos, cuando no le tiembla el pulso para querer
firmar un contrato que podría costarle al ayuntamiento más de 200.000 euros”,
señalan.
Desde el PSPV-PSOE se
ha recordado a Amparo Roses que la Diputación de Valencia tiene un servicio
gratuito de defensa jurídica para todos los ayuntamientos, “por lo que si tiene
necesidad puede recurrir al mismo, y dedicar el dinero de los impuestos de
todos a ayudar a las familias y colectivos que debido a la crisis los están
pasando peor”, concluyen.
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